Derecho Laboral y Corrupción: ¿Debe la Concesión en Olmos Renovarse o Cambiar de Manos?

La historia está llena de ejemplos de casos de corrupción tanto en el sector público como en el empresarial. Cabe preguntarnos: ¿acaso los Estados han desaparecido? En el caso de las empresas, la respuesta es más clara: muchos han desaparecido, arrastrando consigo millas de empleos, mientras que otras han logrado reformarse, manteniendo su operatividad y garantizando la estabilidad de sus trabajadores.

Como mencioné, la historia ofrece numerosos casos, pero me centraré en tres que considero emblemáticos: Enron, Siemens y Volkswagen. Estos casos nos dejan valiosas lecciones sobre las consecuencias de la corrupción. Considero relevante mencionarlos en el contexto del debate en nuestra región sobre la renovación de la concesión de Olmos con una subsidiaria de la empresa Odebrecht.

En los últimos días, los peruanos hemos tomado conocimiento de que el contrato de concesión con la empresa subsidiaria de Odebrecht vence en septiembre de este año, y las posiciones al respecto están divididas. Un sector plantea recuperar la concesión para el Estado y sacarla a licitación de inmediata, mientras que sus opositores advierten que esta transición podría afectar el empleo de millas de trabajadores y la operatividad del servicio de agua. Por otro lado, otro grupo apoya la inscripción de una adenda para continuar con las correcciones necesarias y establecer nuevas condiciones contractuales que permitan beneficiar a más tierras de riego y aumentar la capacidad de almacenamiento del recurso hídrico.

Considero que este breve análisis de los tres casos mencionados puede ayudarnos a comprender mejor la decisión sobre la renovación o no de la concesión en Olmos, así como el equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la protección del derecho al trabajo.

Enron es un ejemplo emblemático de cómo la corrupción puede llevar al colapso de una empresa. A inicios del siglo XXI, era una de las mayores compañías energéticas del mundo, hasta que se descubrió que había inflado artificialmente sus ganancias mediante un fraude contable masivo. En 2001, la empresa colapsó de manera fulminante, dejando sin empleo a más de 20,000 trabajadores y afectando los fondos de pensiones de millas de inversionistas. Este caso evidencia cómo la corrupción puede hacer inviable la continuidad de una empresa: no había un modelo de negocio real detrás de las cifras maquilladas y, cuando la verdad salió a la luz, la compañía simplemente no pudo sostenerse.

En 2008, la prestigiosa empresa alemana Siemens se enfrentó a uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia moderna, tras descubrirse que había pagado millones en sobornos para obtener contratos en todo el mundo. A diferencia de Enron, Siemens no colapsó, sino que adoptó una estrategia distinta para enfrentar la crisis:

a) Aceptó su responsabilidad y cooperó con las investigaciones.
b) Implementó un sistema de cumplimiento y transparencia.
c) Mantuvo la operatividad de la empresa, protegiendo los empleos de millas de trabajadores.

Hoy, Siemens sigue siendo un líder en tecnología e innovación, demostrando que una empresa con antecedentes de corrupción puede reformarse si establece controles rigurosos y compromete su gestión con la ética y la transparencia.

En 2015, la empresa Volkswagen protagonizó el escándalo del Dieselgate , cuando se descubrió que había manipulado las pruebas de emisiones contaminantes en sus vehículos. Las consecuencias fueron varias:

a) Multas millonarias y sanciones regulatorias.

b) Pérdida de credibilidad y renuncias en la alta dirección.

c) Reestructuración del negocio con un giro hacia la movilidad eléctrica.

A pesar de la crisis, Volkswagen no desapareció, sino que la utilizó como un punto de inflexión para redirigir su estrategia. En lugar de limitarse a pagar las sanciones, optó por invertir en tecnología limpia y garantizar la estabilidad de sus trabajadores, demostrando que una empresa puede reinventarse tras un escándalo si toma medidas correctivas y apuesta por la innovación.

En los últimos días en Lambayeque, se viene debatiendo si  la subsidiaria de Odebrecht y la concesión en Olmos nos coloca ante un dilema clave: ¿se debe permitir la continuidad de una empresa con antecedentes de corrupción si garantiza estabilidad y empleo, o es preferible asumir el riesgo de una transición incierta? Los ejemplos de Enron, Siemens y Volkswagen nos enseñan que no toda empresa corrupta está condenada a desaparecer. Mientras Enron colapsó sin remedio, Siemens y Volkswagen lograron reformarse y seguir operando bajo estrictos controles. La clave no es solo castigar el pasado, sino garantizar que el futuro de Olmos esté marcado por la transparencia, la estabilidad y el respeto al derecho al trabajo de miles de peruanos.

Con respecto a la primera posición, que plantea recuperar la concesión para el Estado y luego volver a licitarla, se argumenta que esto permitiría un mayor control sobre la administración del proyecto. Sin embargo, la gestión pública ha demostrado ser lenta e ineficiente en varios casos, y lo más preocupante es que el Estado no siempre actúa como un buen empresario. De concretarse esta opción, podría generarse un vacío operativo y, lo más crítico, dejar a los trabajadores en incertidumbre mientras se define una nueva licitación.

Por otro lado, la segunda posición propone renovar la concesión con nuevas condiciones, lo que garantizaría la continuidad del empleo y del servicio. No obstante, esta opción exige la implementación de mecanismos de supervisión estrictos para evitar la repetición de actos de corrupción. Además, al encontrarse en etapa de negociación, sería clave incluir cláusulas de rescisión en caso de incumplimiento, asegurando así un mayor control y transparencia en la gestión del proyecto

Ambas opciones tienen pros y contras, pero el peor escenario sería una transición mal planificada, que ponga en riesgo tanto la estabilidad laboral como la operatividad del proyecto.

Considerar los casos de Enron, Siemens y Volkswagen nos enseñan que la corrupción empresarial no siempre significa el fin o rechazo de una empresa, pero sí exige respuestas claras, como si  la empresa está completamente basada en corrupción (Enron), en este caso la empresa fue desmantelada, pero si las empresas tienen la capacidad de reformarse (Siemens, Volkswagen), se pueden establecer condiciones para su continuidad.

Con respecto al caso de Olmos, la solución no debe limitarse a una simple renovación de la concesión, como aparentemente ocurrió en años anteriores, sino que debe incluir mejoras y correcciones que garanticen el mantenimiento de millas de puestos de trabajo y beneficiarios a más agricultores, tal como lo ha señalado el gobernador de Lambayeque en su pronunciamiento en redes sociales. Al mismo tiempo, tampoco debe optarse por una estatización improvisada, como sugieren algunos sectores que, a mi parecer, carecen de argumentos sólidos y desconocen experiencias relevantes en el ámbito empresarial.

La mejor alternativa es una concesión con una reforma estructurada que garantice transparencia y tenga como prioridad la protección del empleo de millas de trabajadores.

Desde un enfoque laboral, la clave radica en la implementación del compliance empresarial y en el establecimiento de un marco regulador sólido. Tomando como referencia las experiencias citadas, es fundamental exigir auditorías y mecanismos de control permanentes que aseguren la estabilidad laboral, el pago oportuno a los trabajadores y eviten que el Estado asuma un proyecto sin planificación adecuada, lo que podría afectar la operatividad del servicio.

Finalmente, después de lo escuchado y leído en los últimos días, considero que el futuro de Olmos no debe definirse desde posturas extremas. La concesión puede continuar con la subsidiaria de Odebrecht, pero bajo un esquema de supervisión y transparencia que impida la repetición de los errores del pasado. Al final, el desafío no es solo combatir la corrupción, sino hacerlo sin comprometer el desarrollo y el bienestar de miles de trabajadores de Lambayeque.

" LOS PROCESOS LABORALES EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS: LES INTERESA A SUS AUTORIDADES EVITARLOS REALMENTE"

LOS JUICIOS LABORALES EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS: EXISTE REALMENTE INTERES DE SUS AUTORIDADES DE EVITARLOS

Todos somos testigos y nos informan, que toda institución pública como son las Municipalidades provinciales y distritales, Gobierno Regional (gerencia Regional de Educación, Salud, Trasporte, Agricultura etc) y sus dependencias (PEOT, INIA, etc) en la mayoría de las instituciones, estas cuentan, con miles de procesos laborales y sólo en algunas municipalidades llegan a uno o dos cientos de proceso laborales; esto en concordancia de acuerdo a lo publicado recientemente en el Semanario Expresión N 1135, señaló el alcalde de Chiclayo, que existe una contingencia de 300 millones en procesos laborales; diario La Republica en entrevistas señala que en el Gobierno Regional de Lambayeque en procesos laborales hay una contingencia de 500 millones, entre otros.

Pues bien, en este caso, cuando una nueva autoridad es elegida o designada en una de las instituciones públicas, se encuentra ante los miles o cientos de procesos judiciales, donde es casi un hecho que el 95% de dichos procesos judiciales, sin temor a equivocarnos, son procesos laborales.

La experiencia nos ha enseñado, que cuando las relaciones de prestaciones de servicios en las instituciones públicas, tienen rasgos de laboralidad, casi siempre las autoridades que regentan no es de su interés primordial, razón por el cual, estas prestaciones terminan siendo una contingencia para la institución pública, para que se declare judicial o administrativa, como una relación laboral a plazo indeterminado con la institución o sea reconocido como trabajador de dicha institución;  asimismo, los nuevos trabajadores y los trabajadores nombrados (o con plazo indeterminado) reclaman sus derechos laborales, en base a un pacto colectivo, muchas veces, contrarias a un fin común a la sociedad (por ejemplo, los convenios colectivos, que a todas luces son acuerdos por un lado, de abuso del derecho de negociación colectiva y de la otra parte, de una voluntad “complice”, de permitir el interés de trabajadores por encima del interese de los miembros de la sociedad así como al mínimo interés del cuidado de las arcas de la institución pública, que deberían cuidar, en favor de toda la sociedad.

El tema laboral, consideramos que muchas autoridades no tiene el mayor interés en defender debidamente o evitar los procesos laborales, prueba de ello, en una institución donde usualmente el 95% de todos los procesos laborales que tiene la institución, el procurador o el equipo de abogados que defienden a la institución, deberían ser abogados con mayor dominio del tema laboral; sin embargo, donde muchas veces el jefe de la procuraduría y su equipo, es casi normal que sean abogados muy buenos, pero en otras especialidades, sobre todo en temas penales, pese a que como señalamos, el 95% son causas laborales.

En la actualidad, muchas instituciones van a seguir generando casos laborales, por tanto, la trazabilidad, se debe realizar, para buscar la causa del problema y evitar estos procesos laborales, buscando una solución, por cuanto de no realizar estas medidas, los demandantes van a  obtener sentencias favorables.

Nos preguntamos, la institución se merece siempre trabajadores por “nombramiento judicial”; pues bien, tomando en cuenta que está prohibido contratar de acuerdo a las leyes de presupuesto, sin embargo, la forma “criollada” de querer sacarle la vuelta a esta norma prohibitiva, está que las contrataciones la realizan mediante el area de logística, como si las prestaciones de servicios son compras de cosas, ya que esas locaciones, nacen de esta área y no del área de recursos humanos; situación que para un abogado laboralista y los prestadores del servicio, es el lugar donde nacerían las contingencias laborales.

Existe interés de parte de las autoridades y funcionarios de evitar procesos en las instituciones públicas, consideró que no, las razones podrían ser falta de funcionarios competentes, la burocracia en ser más expeditivos en los procedimientos y sobre todo, que la pérdida económica o pérdida del proceso, desde el más alto funcionario al más bajo, casi nunca asumirá una responsabilidad funcional, administrativa ni penal, más aún el resultado de la contingencia Laboral no le afectará en nada económicamente.

Sin embargo, últimamente el tratar de evitar los procesos laborales, que debería salir de parte de la misma institución, los magistrados laborales, están tomando decisiones en salvaguarda del interés público, ante una sentencia desfavorables de una institución pública, se remita copias al Órgano de Control Interno e inclusive al Ministerio Publico, para que procesa de acuerdo a sus atribuciones, para investigar a los responsables de la contingencia Laboral, donde procesos laborales, las instituciones tienen sentencias infundadas  cuando estos a primera vista, pudieron ser evitados.